La Corte Suprema de Justicia recordó que prevalecen los derechos de la víctima sobre los del tercero adquirente de buena fe ante la cancelación de los títulos y registros obtenidos fraudulentamente sobre bienes sometidos a registro. En este sentido, advirtió que asumir que se debe salvaguardar el derecho a la propiedad conduciría a darle efectos al múltiple proceder delincuencial que precede la adquisición del bien. Para la Sala Penal, la protección de la propiedad privada se condiciona a su adquisición con justo título y de acuerdo con las leyes civiles, ya que el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos (M. P. Fernando Alberto Castro Caballero).