Revelan cifras de participación de agentes del Estado en delitos contra líderes sociales

La Fiscalía General de la Nación entregó su quinto informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), allí detalla dos nuevos ejes de investigación relacionados con conductas cometidas durante el conflicto armado en Colombia. Con esta presentación, son 11 los documentos que se encuentran a consideración de la JEP para que avance en los asuntos de su competencia. (Lea: Esta es la línea jurisprudencial que protege a líderes sociales en contextos de violencia generalizada)

 

Uno de esos informes relaciona la presunta participación de agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos. El documento describe que entre 1985 y el 2016 la Fiscalía abrió 184 investigaciones por este delito. (Lea: Esto dice la norma que pone en marcha el plan de acción para la protección de líderes sociales)

 

El primer registro corresponde a hechos presentados el 28 de septiembre de 1985, en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), y el último registro corresponde a denuncias sobre una serie de actos de acoso y hostigamiento en contra de una organización no gubernamental que se han prolongado hasta el 2016.

 

La mayoría de las investigaciones corresponden a hechos ocurridos entre 2000 y 2008. No obstante, también se observa un número importante de casos en 1987, 1997 y 2013.

 

Norma aplicable

 

Con respecto a las 139 investigaciones que cursan bajo la Ley 600, 32 investigaciones (23 %) no han contado con un impulso procesal efectivo que permita su avance y se encuentran en etapa de investigación previa. Adicionalmente, 44 casos (31,6 %) están en etapa de instrucción; 3 casos (2 %) en etapa de juicio y 60 casos (43 %) tienen sentencia.

 

En relación a las 45 investigaciones que cursan bajo la Ley 906, 35 investigaciones (77 %) no han tenido un avance procesal importante y se encuentran en etapa de indagación. Adicionalmente, tres casos (6,6 %) están en etapa de investigación; tres casos (6,6%), en etapa de juicio y existen igual número de casos (6,6%) con sentencia. Un proceso fue remitido a la justicia penal militar para su conocimiento.

 

Regiones y modalidades de victimización

 

Los casos conocidos por la Fiscalía tuvieron lugar en 87 municipios de 23 departamentos, así como en el distrito capital. Los casos se concentran en las siguientes regiones:

 

Antioquia (35 casos), Bogotá (28 casos), Arauca (13 casos), Norte de Santander, Atlántico y Cesar (10 casos por cada departamento).

 

En los procesos se registró información de 536 víctimas, la mayor parte de ellas en Antioquia (134 víctimas), Bogotá (75 víctimas) y Arauca (53 víctimas), que concentran el 48,8 % del total de víctimas identificadas. La mayoría de las víctimas eran hombres (78,54 %), entre los 18 y 30 años (28 %).

 

Se recopiló información sobre la victimización de líderes sociales o integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, líderes o integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, líderes o integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, académicos y líderes estudiantiles, personas dedicadas a la difusión de información, abogados o integrantes de colectivos de abogados y funcionarios del Estado.

 

En el escrito también fueron identificadas 172 víctimas colaterales como familiares, escoltas, conductores o vecinos de alguno de los defensores victimizados.

 

Las modalidades de victimización más comunes fueron:

 

1. Homicidios: 348 investigaciones (64,93 %).
   
    
2. Actos de acoso y hostigamiento: 74 investigaciones.
   
    
3. Acciones judiciales o de inteligencia ilegítimas: 38 investigaciones.
   
    
4. Actos que afectan la libertad y seguridad personal: 24 investigaciones.
   
    

Presuntos responsables

 

El reporte indica que 1602 personas fueron individualizadas como presuntos responsables. De ellas 484 corresponden a agentes del Estado, 452 integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml) y 124 personas sin vinculación comprobada a un grupo armado.

 

Grupo al que pertenecen los presuntos responsables	Personas identificadas	Personas formalmente vinculadas	Personas condenadas
Ejército	344	290	39
Policía	77	63	0
DAS	59	58	11
Armada	4	4	0
Total agentes del Estado	484	415	50
Grupos de autodefensa	446	422	137
Integrantes Bacrim o BDSN	8	8	6
Total Gaoml	454	430	143
Personas sin vinculación comprobada a un grupo armado	124	110	7
Total	1062	955	200

 

Ahora bien, por la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos la Fiscalía obtuvo 200 condenas. La mayor parte corresponde a integrantes de Gaoml. También se recopiló información de 39 integrantes del Ejército y 11 miembros del DAS condenados por crímenes cometidos en contra de defensores.

 

Finalmente, el informe plantea la existencia de cuatro factores que influyeron en el poco avance de las investigaciones judiciales:

 

1. La ausencia de estrategias investigativas integrales que establecieran como primera hipótesis de trabajo la relación entre el hecho victimizante y la labor de defensa enarbolada por la víctima.
   
    
2. La escasa implementación de protocolos de intervención temprana que podrían haber facilitado la pronta recolección de elementos probatorios y evidencia física.
   
    
3. La dificultad en la obtención de evidencia y la ausencia de técnica y experticia en su recolección debido a la naturaleza propia de algunas de las formas de victimización.
   
    
4. La reciente tipificación de algunas conductas, pues varias no se consideraron delitos hasta el 2000.