El silencio sobre la falta de permisos legales para promover y comercializar lotes de urbanización puede ser determinante para que gente del común y sin experiencia en esta clase de negocios se interese en su compra.

En este contexto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que solo cuando las partes de un contrato se hallan en igualdad de condiciones es viable concluir que ninguna está en posición de garante respecto de la otra.

El alto tribunal reiteró que la configuración del delito de estafa depende del estudio de las circunstancias que rodean cada asunto en particular y, en especial, de aspectos como el nivel intelectual del sujeto pasivo, su pericia en asuntos de la naturaleza de la cual se trata, sus experiencias, el medio social en donde se desenvuelve y las herramientas jurídicas brindadas por el Estado para su protección.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 38420, oct. 28/13, M. P. Eugenio Fernández Carlier)

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