Ante la Corte Constitucional presentaron dos acciones de constitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que establece que las pensiones de los congresistas no pueden ser inferiores al 75% del ingreso mensual del último año y que su reajuste será el mismo del salario mínimo. A juicio de los demandantes, la norma acusada no tiene en cuenta los factores base de cotización, vulnerando los artículos 13, 17, 48 y 95 de la Constitución, teniendo en cuenta que es mandato superior la prohibición de crear regímenes especiales, esto a partir del Acto Legislativo 01 del 2005. Sobre los efectos de la inexequibilidad solicitada, en un escrito de reforma a la demanda presentado posteriormente, se agregó la petición de cumplimiento del plazo de expiración de los regímenes de transición establecido en el artículo 48 modificado por el acto legislativo mencionado. Las demandas fueron acumuladas en un solo expediente (demandante: Germán Calderón España y Dionisio Enrique Araujo Angulo).