La demanda se dirige en contra de varios apartes del inciso 2° del artículo 106 de la Ley 1450 del 2011, que regula las sanciones por el uso de dragas y otros equipos mecánicos en las actividades mineras ilegales, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso y a los principios de legalidad y reserva legal. En opinión del demandante, el legislador desconoció esos límites constitucionales, al facultar al Ejecutivo para reglamentar la materia, no indicar con exactitud las medidas sancionatorias y omitir la graduación de la multa y la determinación de la autoridad policiva competente para imponerla (demandante: Jorge Octavio Escobar Cañola).