La Corte Constitucional admitió una demanda contra el inciso 2º y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1539 del 2012, que implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y la tenencia de armas de fuego. A juicio de la demandante, imponer la obligación de renovar cada año este certificado a personas vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada es desproporcionado, irrazonable, vulnera el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. Además, señaló que cargarle a las administradoras de riesgos profesionales la obligación de realizar dicho certificado, sin costo alguno, vulnera la reserva de ley de la configuración del sistema de seguridad social, el principio de proporcionalidad y el equilibrio financiero del sistema, según lo disponen los artículos 1º, 2º, 13, 48, 49, 150, 333, 355 y 365 de la Constitución. (Demandante: Clara Inés Vargas Hernández).