Juez advierte sobre consecuencias de la inobservancia de directrices constitucionales para enfrentar el acoso escolar (8:48 a.m.)

Un juez penal de Bogotá recordó que, a partir de la Sentencia T-905 del 2011, la aplicación de los manuales de convivencia no es suficiente para solucionar problemas de violencia escolar y “matoneo” y dio cuenta de las consecuencias que ante las autoridades administrativas se pueden generar por incumplir directrices como las de la Ley 1620 del 2013 y el Decreto 1965 del mismo año, que cumplen el exhorto de la máxima instancia constitucional de crear una política pública para enfrentar este fenómeno. El fallo se refiere a la adopción de una serie de protocolos y planes de choque previamente establecidos, de acuerdo con la magnitud de los problemas de bullying que enfrenten los estudiantes. Al advertir sobre el incumplimiento de este procedimiento por parte de un colegio de Bogotá, el operador compulsó copias al ICBF y a la Secretaría de Educación para que determinen si se adoptaron los citados protocolos, si se conformaron adecuadamente comités de convivencia, si su manual se acoge a las nuevas necesidades advertidas por la Corte y si la actuación del rector para afrontar el caso de matoneo se ajustó a las directrices fijadas en la ley. También se pide a la Fiscalía que investigue la presunta retención de documentación por parte de las directivas, que además deben reconocer, incluso ante medios de comunicación, la existencia de un caso de bullying dentro de su plantel.