La Corte Constitucional conoció la acción de tutela instaurada por el gobernador de un cabildo indígena ubicado en el departamento del Cauca contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien solicitó la protección de los derechos a la vida e integridad personal y a permanecer en el territorio ancestral de la comunidad que representa.

Según el accionante, desde el año 2017, se ha generado un conflicto territorial sobre una hacienda ubicada en zona rural de Popayán (Cauca), la cual fue adquirida por una asociación de docentes y, a su vez, la comunidad indígena se reputa como dueña ancestral del terreno. Dicha disputa ha generado situaciones de violencia y acusaciones. Varios líderes de la comunidad indígena y una lideresa defensora de derechos humanos han sido víctimas de amenazas e intimidaciones.

El alto tribunal determinó que no se vulneró el derecho al territorio del cabildo indígena, ya que no se demostró algún procedimiento de adquisición del inmueble ante la ANT y, por el contrario, se acreditó que la mencionada asociación es la propietaria del terreno en controversia. Sin embargo, se identificó la necesidad de que el grupo étnico acceda progresivamente a la tierra, lo cual exige una actuación positiva del Estado.

De otra parte, concluyó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior no garantizaron los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal de los líderes y lideresas del cabildo indígena y de su abogada asesora, pues a pesar de conocer la creciente situación de violencia no cumplieron con sus funciones de prevenir y proteger sus derechos ni realizaron ninguna actuación para la resolución del conflicto surgido a raíz de la disputa territorial.

Se ordenó a la UNP implementar medidas de prevención y protección sobre las víctimas de violencia y crear una instancia de diálogo entre la comunidad indígena, la asociación de docentes y otros actores sociales de la región. El Ministerio del Interior, por su parte, deberá actuar con más diligencia para resolver controversias interculturales. La ANT deberá asesorar al cabildo indígena sobre procedimientos administrativos para adquisición de tierras (M. P. Juan Carlos Cortés González).

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