El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, interpuso ante el Consejo de Estado una acción de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 2552 del 2015, en virtud del cual se determinó el salario mínimo legal para el 2016. De esta manera, pidió que se le ordene al Gobierno Nacional la expedición de un nuevo decreto que se ajuste a las actuales exigencias sociales, jurídicas y económicas del país. Según Ordóñez, el incremento de tan solo el 7 % desconoce los mandatos de varios artículos de la Constitución Política de 1991, entre los que se encuentran los siguientes: (i) el carácter mínimo, vital y móvil del salario; (ii) el mantenimiento del poder adquisitivo constante de quienes devengan pensiones de un salario mínimo; (iii) la garantía a la protección especial de la familia y (iv) la garantía especial a aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por su condición económica. Finalmente, con la demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, el Procurador espera una decisión de derecho que se ajuste a las condiciones de vida de las personas y familias con los más bajos ingresos.