Aunque no existe una disposición expresa que regule de manera general el manejo de los bienes muebles en las entidades públicas, cada una de ellas debe desarrollar un sistema integral de control interno, que permita un adecuado manejo y custodia de los recursos, y emprender las diligencias necesarias para fijar procesos, procedimientos y dependencias responsables, precisó la Contraloría General de la República. Por su parte, los servidores públicos deben responder por los documentos, útiles, equipos y bienes que les hayan sido entregados, no solo en ejercicio de sus funciones, sino cuando han sido encomendados por la administración para el normal desarrollo de su misión y visión institucional.