Una demanda de inconstitucionalidad ataca el artículo 40 (parcial) del Régimen para los Distritos Especiales (Ley 1617 del 2013), que al establecer los requisitos para ser alcalde local asignó al concejo respectivo la competencia para reglamentar las funciones, inhabilidades e incompatibilidades de estos servidores. Según el escrito, esta atribución vulnera tanto el artículo 40 de la Constitución, específicamente en lo que se refiere al derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, como el artículo 150. El demandante sostiene que el Congreso de la República es la única corporación facultada para expedir disposiciones que rijan el desempeño de funciones públicas y fijar o adoptar prohibiciones de acceso a cargos o empleos públicos.