Los lineamientos y responsabilidades de los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía en materia de calidad acústica fueron conciliados y las plenarias del Congreso dieron el último paso para enviar a sanción presidencial la ley contra el ruido.

La futura norma fue unificada entre los textos aprobados por las dos plenaria y quedó con 24 artículos; al final de esta nota, si es suscriptor, puede descargar el informe de conciliación.

En esencia, se pretende con esta propuesta un marco que aborde las problemáticas de ruido y vibraciones, para la aplicación de acciones y medidas preventivas y correctivas por parte de las autoridades competentes, con el fin de garantizar la sana convivencia, la tranquilidad y el disfrute efectivo de los derechos al ambiente sano, la salud, la intimidad y la integridad personal.

Se formula entonces una política pública de calidad acústica (ruido y vibraciones) y planes de acción para la prevención, mitigación, evaluación, seguimiento y control de los impactos generados por este tipo de contaminación.

Acerca de acciones, hay varias reformas al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ley 1801 del 2016), principalmente en materia de multas. Y los comportamientos que afecten la tranquilidad de las personas, como sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, permitirán a las autoridades de policía desactivar directamente la fuente del ruido, así el residente se niegue a desactivar cualquier medio de emisión sonora. (Lea: Ley contra el ruido, a punto de aprobación)

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Paute en Ámbito Jurídico. 

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