La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del artículo 53 y varios apartes de los artículos 54 y 55 de la Ley 13 de 1990, por medio de la cual se dicta el Estatuto General de Pesca. Los términos censurados tipifican como infracción toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones contenidas en dicha ley y en todas las normas legales y reglamentarias sobre la materia. En opinión del demandante, se desborda la capacidad sancionatoria del Estado y se violan principios y garantías constitucionales, tales como la proporcionalidad y la legalidad (demandante: Diego López Medina).