La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 que establece una excepción adicional al cobro del arancel judicial e incluye dentro de los beneficiarios al Colector de Activos Públicos (CISA), cuando este intervenga como titular en procesos judiciales (Ley 1450 del 2011, art. 239). Según el Ministerio Público, la disposición vulnera el principio de unidad de materia, porque no se ajusta al propósito de la ley del plan. En su pronunciamiento, el Ministerio Público pidió la inexequibilidad del artículo 96 de la norma y de un inciso del artículo 198. Adicionalmente, solicitó condicionar la exequibilidad del artículo 86, que establece la responsabilidad solidaria, entre el conductor y el propietario del vehículo, del pago de multas de tránsito impuestas por medios electrónicos.