Un grupo de 397 ciudadanos solicitó la inconstitucionalidad parcial de los artículos 51, 60, 61, 66, 67, 123, 125 y 132 de la Ley 1448 del 2011, a través de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Las normas acusadas establecen beneficios en materia de educación, las reglas sobre la declaración de los hechos que configuran la situación del desplazamiento, los retornos y las reubicaciones de las víctimas y su condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta y medidas de restitución en materia de vivienda. Entre otras razones, el escrito señala que se desconoce el estándar de gratuidad del derecho a la educación que la jurisprudencia constitucional ha definido y se discrimina a varios grupos de víctimas de la violencia (demandantes: Álvaro Huertas, Abelcenario Rojas y otros).