El artículo 66 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 del 2011) le permitió a la Superintendencia de Industria y Comercio contratar apoderados especiales para que realicen el cobro coactivo, cuyos honorarios serán del 10 % del monto recaudado y deberán ser pagados por el tesoro nacional. Esta norma fue demandada, por supuesta violación de los artículos 2, 4, 6, 29, 116 y 121 de la Constitución. A juicio de la demandante, la facultad de cobro coactivo corresponde al Estado y no puede ser delegada a particulares. Adicionalmente, asegura que la norma violó el principio de unidad de caja, porque el porcentaje de honorarios tendría una destinación específica y no haría parte de la ley anual de presupuesto (demandante: Carolina Jerez Montoya).