Sobre las objeciones que expresó la Procuraduría frente a la decisión del Consejo de Estado de anular la destitución del exalcalde Alonso Salazar, el Ministerio Público sostuvo que ese tribunal le atribuyó al exfuncionario un grado de culpabilidad que ni siquiera está contemplado en el ordenamiento. A su juicio, al calificar como culpa leve la nueva falta que la corporación le endilgó al procesado, esa corporación terminó imponiendo un criterio que ni siquiera está presente en el régimen disciplinario. Además, dice, el supuesto uso de información privilegiada, que es la nueva conducta que se le atribuye, constituye inobservancia de cuidado, que, según el artículo 44 del Código Disciplinario Único, da lugar a culpa grave o gravísima. También advirtió que la amonestación que le impone el Consejo de Estado a Salazar requiere de anotación en la hoja de vida y de registro en el certificado de antecedentes disciplinarios, de acuerdo a los artículos 45 y 174. Finalmente, solicitó que se aclare quiénes son los responsables de la comunicación y posterior la ejecución del fallo.