Dos demandas de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de la Ley 1740 del 2014, a través de la cual se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, fueron admitidas recientemente por la Corte Constitucional. La primera se presenta en contra de toda la norma, por la posible violación del artículo 69 constitucional. En opinión del demandante, la ley aumenta la injerencia del Gobierno en las universidades, ya que con la excusa de perseguir la corrupción en los entes educativos se atropella la autonomía universitaria. El segundo escrito ataca toda la Ley 1740 o, en su defecto, varias expresiones que, la mayoría, se refieren al manejo de las rentas. Los argumentos también se refieren a la violación de la autonomía universitaria y del derecho a la educación (demandante: José Alba).