Una propuesta de ‘sandbox’ regulatorio para la cuarta revolución industrial

Daniel Castaño

Profesor de la Universidad Externado de Colombia

Magíster (LL.M.) y Doctor en Derecho (J.S.D.) University of California at Berkeley

La comunidad científica sostiene que las tecnologías disruptivas tienen el potencial de transformar radicalmente las relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y legales. Dicha fuerza disruptiva genera incertidumbre respecto de sus consecuencias sobre la privacidad, la agencia y la autodeterminación de las personas. Sin embargo, esta no es la primera vez que la humanidad enfrenta el reto de regular un asunto complejo dentro de un ambiente de incertidumbre, pues ello ha ocurrido con cada una de las revoluciones industriales, dando lugar a transformaciones regulatorias en distintos ámbitos.

El Gobierno Nacional recientemente adhirió a las Recomendaciones del Consejo de Inteligencia Artificial (AI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) aprobadas el 22 de mayo de este año, anunció que está trabajando en un Conpes sobre inteligencia artificial e inauguró el Centro para la Cuarta Regulación Industrial en cuyo mandato al parecer figura promover regulación para las tecnologías disruptivas. Puntualmente, la Recomendación 2.3 del Consejo de AI de la Ocde señala que los Estados deberán promover ecosistemas regulatorios que fomenten la experimentación y el crecimiento exponencial de las tecnologías disruptivas. ¿Cómo se podrían convertir los titulares de prensa en acciones concretas que hagan que la Cuarta Revolución Industrial sea una realidad tangible en Colombia?

Conviene recordar que las tecnologías disruptivas no operan en el vacío, sino que, como cualquier tipo de actividad industrial o comercial que se emprenda en nuestro país, se encuentra regulada normativamente por la Carta Política de 1991 y un extenso catálogo regulatorio que gobierna su propiedad intelectual, procesamiento de datos personales, régimen de competencia, relaciones con el consumidor, régimen societario y gobierno corporativo, régimen contractual público y privado, responsabilidad civil y penal, entre otros.

Considero que hay ciertas decisiones que podría tomar el regulador para promover un marco regulatorio que promueva la innovación. Sugiero que el regulador podría empezar por resolver las recomendaciones del Conpes 3920 del 2018, sobre la gobernanza de los datos, sin lo cual será muy complejo que la Cuarta Revolución Industrial despegue. Luego, tal vez, el regulador debería poner el sector de las TIC en orden en el sentido de simplificar las competencias regulatorias con base en criterios técnicos, toda vez que, en términos de eficiencia administrativa, es muy complejo tener varias entidades públicas con competencias regulatorias concurrentes.

En lo tocante a aspectos sustanciales, el regulador podría disminuir la carga regulatoria y fortalecer los incentivos para promover el emprendimiento y las nuevas invenciones que impulsen el estado del arte, unificar la taxonomía legal de los datos y ampliar las bases para su tratamiento, fomentar los servicios de computación en la nube, promover la interoperabilidad, simplificar el régimen público de contratación de servicios tecnológicos, impulsar y apropiar recursos para que el gobierno y la justicia digital sean una realidad, promover la creación de nuevos programas académicos sobre estos temas, entre otros.

Con todo, estimo que no sería aconsejable que todo sea objeto de la regulación estatal, pues ello podría paralizar la innovación, razón por la cual considero que ciertos temas, tales como neutralidad tecnológica, minería de datos y métodos de analítica avanzados, arquitectura, transparencia, explicabilidad y auditabilidad algorítmica deberían ser dejados en manos de la autorregulación representada en estándares de industria, buenas prácticas y modernos instrumentos de ética por diseño. 

La innovación pública y la moderna gobernanza administrativa exigen que cualquier iniciativa regulatoria sea el resultado de una conversación abierta que cuente con la participación activa del regulador, la industria, la sociedad civil y la academia. Ahora bien, por participación activa no me refiero únicamente a participar en foros o a la posibilidad de enviar comentarios sobre proyectos regulatorios, sino a la vinculación de todas las partes interesadas desde el inicio de un procedimiento regulatorio público, abierto, pluralista y participativo.

Creo que el mejor escenario para poner todo esto en práctica podría ser mediante la creación de un sandbox regulatorio, que permita la experimentación con el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías por parte de la industria y la manera en que podrían ser regulados de la mejor manera posible por el Estado mediante instrumentos regulatorios convencionales y alternativos.

A la luz de los compromisos que asumió Colombia con la Ocde, tal vez el sandbox regulatorio podría ser parte de una estrategia pragmática que se desenvuelva dentro del marco de una política pública incluyente que fije con claridad la línea científica y económica del Gobierno Nacional en coordinación con los gobiernos locales. Es más, creo que la mejor forma de promover esta revolución es que el mismo Gobierno Nacional dé ejemplo mediante la implementación de productos o soluciones tecnológicas de vanguardia que solucionen problemáticas actuales que enfrentamos los ciudadanos como la tediosa y lenta gestión de nuestras instituciones públicas.