Compra pública para la innovación

Jorge Tirado Navarro

Director General Agencia Colombia Compra Eficiente

La compra pública para la innovación (CPI) constituye una herramienta para encontrar soluciones a necesidades que no pueden ser satisfechas con los bienes, servicios u obras existentes en el mercado. En general, la CPI permite que, mediante el fomento de la innovación en el sector privado, las entidades estatales puedan adquirir nuevas soluciones para sus necesidades, mejorando la forma en la que cumplen sus funciones y prestan servicios a la ciudadanía. Por ello, se afirma que la CPI genera mayor eficiencia en el gasto público, pues permite optimizar la implementación de políticas públicas a partir del fomento de la innovación empresarial.

La CPI contribuye a generar ecosistemas govtech, en los cuales los gobiernos colaboran con el sector privado, siendo la inteligencia de datos, las tecnologías digitales y las metodologías innovadoras parte integral de los procesos de provisión de bienes y servicios, lo que facilita la obtención de mayor valor por dinero en las adquisiciones públicas. Esto exige adaptar las prácticas administrativas para responder a las demandas ciudadanas de servicios más ágiles, centrados en los usuarios y en donde la experimentación, la innovación y la colaboración público-privada sean ejes estratégicos.

La implementación de procesos CPI en diferentes países ha demostrado que estos inciden positivamente en la creación de mercados estratégicos que mejoran la competitividad. Ejemplo de esto lo constituyen, por un lado, el caso de EE UU, en donde el desarrollo de programas de CPI propició el desarrollo local de la industria de semiconductores, y por otro, el de Bélgica, en donde se logró reducir en un 85 % las emisiones de hollín generadas por el transporte público a través del desarrollo de filtros de emisiones de carbono.

El uso de CPI requiere un conocimiento minucioso del mercado para determinar la existencia o ausencia de soluciones inmediatas a las necesidades públicas, siendo importante contar con elementos objetivos para determinar qué tan innovadoras son las soluciones posibles, según el esquema y la disponibilidad actual de suministro. Esto implica un análisis detallado de los participantes del mercado, las tecnologías emergentes, las tensiones competitivas, la composición de las cadenas de suministro y el papel de los mercados internacionales, entre otros.

En el contexto nacional, a partir de la expedición del artículo 36 de la Ley de Emprendimiento (L. 2069/20), se ha realizado una apuesta por el desarrollo de procesos de CPI. Esta disposición busca que las entidades estatales realicen inversiones dirigidas a incorporar nuevas tecnologías e innovación para prestar mejores servicios a los ciudadanos, generar desarrollo tecnológico en el Estado y promover en el sector privado la necesidad de innovar y usar las tecnologías más recientes.  

Esta norma fue recientemente reglamentada por el Decreto 442 del 2022, que creó parámetros para el desarrollo de procesos de CPI. La elaboración de este decreto contó con la participación del Departamento Nacional de Planeación y de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en su rol de ente rector de la contratación pública. Así, el decreto permite la convocatoria de soluciones innovadoras para generar la concurrencia de propuestas que atiendan las necesidades de las entidades estatales, seguido de un escenario de diálogo técnico con los participantes, orientado a conocer el detalle de las ideas propuestas, la oferta del mercado y obtener insumos para la planeación y la realización de los estudios previos y el análisis del sector económico en el que pretenden adquirir bienes y servicios.

Esta regulación robustece la etapa de planeación de nuestro sistema de compras públicas, pues dota a las entidades estatales de herramientas para desarrollar procesos de CPI en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que supone innumerables beneficios para el desarrollo de sus actividades misionales, en aquellas situaciones en las que el mercado no provee soluciones adecuadas o en los eventos en los que las alternativas tradicionales ofrecidas resultan insuficientes para satisfacer determinada necesidad.

Por tanto, la buena utilización del nuevo marco normativo les permitirá a las entidades estatales utilizar la innovación y la tecnología para mejorar el cumplimiento de sus funciones; facilitar la provisión de servicios públicos, como la educación o la seguridad; contribuir al desarrollo de la infraestructura digital pública e incorporar tecnologías disruptivas que mejoren la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que se impulsa el desarrollo continuo de empresas govtech en el sector privado.