Sobre el gobierno de las SAS

Andrés Bernal C. 

Socio de Governance Consultants 

@andresbernal 

Ante la posibilidad que abrió el Gobierno Nacional de que las sociedades por acciones simplificadas (SAS) tengan acceso al mercado de valores con emisiones de deuda, considerando un esquema de gobierno corporativo, y teniendo en cuenta los comentarios que han surgido sobre este tema, es conveniente realizar unas reflexiones.  Estamos en frente de una buena oportunidad de sofisticar el modelo de financiamiento de empresas medianas y grandes, con el objetivo de facilitar un esquema más competitivo para este tipo de empresas. 

Sin embargo, no se puede perder de vista que un cambio regulatorio en las estructuras societarias no generará, por sí mismo, un mercado dinámico de valores para estas empresas: promover esta tesis no solo sería inocente, sino falaz. Por otra parte, aceptar la tesis de que el mercado de valores colombiano se está ‘secando’ por la regulación de gobernabilidad, o por la incapacidad de la bolsa de valores, de la Superfinanciera, o de los jugadores locales, no solo es equivocado, sino que adicionalmente confunde sobre la problemática que se debe resolver. 

Las problemáticas de desarrollo de los mercados de valores no son locales, ni mucho menos un problema de reglamentación societaria. Por ejemplo, no se puede perder de vista que entre 1997 y el 2019 se “deslistaron” cerca del 50 % de los emisores de acciones en el mercado americano (alrededor de 4.000 empresas).

Las explicaciones, y consecuentemente los elementos que se deben tener en cuenta para estructurar la solución, han sido estudiados por autoridades en diversas instituciones regulatorias y multilaterales en los ámbitos mundial y regional.

Las explicaciones para este fenómeno son variadas, y como es de esperarse, van más allá de explicaciones monotemáticas sobre el tipo societario. Como se ha analizado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde): ni el problema, ni la solución son solo los requerimientos de gobierno corporativo. La explicación, y consecuentemente la solución, tiene más que ver con los elementos empresariales, culturales y de incentivos económicos. Tiene que ver con la visión e incentivos de los accionistas controlantes para compartir el capital, con la disponibilidad de recursos por el sistema financiero (y de los propios fondos de capital privado), con las valoraciones de las empresas previo a listarse (las unicornios a nivel internacional -que no siempre han resultado con un solo cuerno-), y la dificultad de gestionar inversionistas cortoplacistas (shortsellers y activist investors), cuando la empresa ya está listada, entre otras razones. El único factor común en las investigaciones a nivel mundial es reconocer la imperiosa necesidad de ver las cosas más allá del prisma legalista, y la urgencia de entender que conectar la demanda de recursos con un modelo económico-empresarial que brinde tranquilidad a los inversionistas, e incentivos a las empresas para entrar y mantenerse activa en el mercado de valores, es mucho más complejo que crear nuevas reglas.

No se puede creer en la teoría que la regulación solucionará el problema. Así como la inseguridad no se resuelve reformando el Código Penal, el mercado de valores no se va a desarrollar con decretos. La Misión del Mercado de Capitales de Colombia hizo bien en considerar el esquema de incentivos y elementos estructurales para contribuir a resolver esta problemática, y buscar ideas para articular estrategias de regulación y de autorregulación empresarial. No caigamos nuevamente en el error de centrar la discusión en que la regulación será la salvación del mercado, no caigamos en esa falacia. 

Por cierto, el Alternative Investment Market (AIM) de la bolsa de Londres, que aparece comúnmente como la referencia a seguir, tiene en su regla 26 desde el 2018 diversas disposiciones de gobierno corporativo. Esta regla de AIM les permite a las empresas seleccionar el cdigo referente de gobierno corporativo con el cual prefiere hacer su reporte a los inversionistas (no crear sus propias reglas). De tal forma que la compañía establezca su arreglo estructura de su junta, con idoneidad e independencia en sus miembros, defina los comités correctos, revele información básica y reporte anualmente a los inversionistas sobre estándares mínimos comunes del mercado. Las empresas pueden seleccionar entre el código para empresas listadas (lo que para nosotros es el Código País) o un código para pequeñas y medianas empresas (el QCA Code allá, y que en Colombia deberían ser los lineamientos en los que las cámaras de comercio han venido trabajando). El modelo tiene la base de “comply or explain”, que es exactamente el mismo formato voluntario que tiene actualmente el sistema de la Superfinanciera. Sin embargo, para quienes recomiendan importar este modelo hay que recordarles que ya se ha intentado en varios países de la región (Brasil, Perú y Costa Rica) y no ha resultado realmente exitoso. Las dificultades en buena medida, producto de la misma receta: no entender el sistema empresarial, y centrarse exclusivamente en las formalidades regulatorias.

Por donde se mire, el desarrollo del mercado de capitales depende de generar confianza en las dos puntas (empresas e inversionistas), y en el centro de esa articulación están las prácticas de gobierno corporativo. Esto porque el gobierno corporativo integra elementos de eficiencia empresarial y transparencia, que son la base de la confianza. Eso sí, con una premisa que se ha repetido hasta la saciedad en todos los escenarios y estudios en gobierno corporativo: “una talla no se acomoda a todos”.

El sistema que se diseñe para estos efectos debe partir de la premisa de contar con reglas de gobierno adaptadas a emisiones de deuda (no de equity). Y tener un mínimo común denominador vinculado a las premisas clásicas y generales de un buen gobierno: idoneidad y experiencia a nivel directivo, administración integral de riesgos, transparencia, pesos y contrapesos (entre la propiedad, la dirección y la gestión), y un sistema sólido de consecuencias en casos de incumplimiento. El propósito debe ser dual: contribuir y facilitar buenas decisiones de negocio y, por otra parte, generar confianza en que la administración del negocio protege las expectativas de los inversionistas. 

Esta es una gran oportunidad donde debemos tener en cuenta diversas experiencias muy valiosas, incluida la de aquellos profesionales que se han formado haciendo una importante labor con las Pymes y las empresas cerradas. Dejar de lado los oportunismos comerciales, y concentrase en ayudar a construir soluciones que realmente resuelvan este dilema empresarial y le sirvan al país, es donde está el reto.