Temis conectada

Alejandro F. Sánchez C.

Abogado penalista. Doctor en Derecho

Twitter: @alfesac

Eran las 8:30 a.m. Era el abogado principal y en otra ciudad estaba quien sería suplente. Cuatro días antes recibí al correo electrónico todas las instrucciones. Nos admitió y saludó cordialmente el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema Héctor Alarcón, que vinculó a los asistentes, explicó los protocolos y, luego, un magistrado auxiliar continuó. Lo primero que hice fue designar suplente, el magistrado auxiliar le pidió mostrar su identificación y tarjeta profesional.

Supongo que el magistrado utilizó la opción paga de la plataforma Zoom que permite grabar. No hubo problemas de conexión, todo se desarrolló sin dificultades por dos días seguidos.

Todo sin que nadie dejara sus casas, incluso con participantes en distintas ciudades. Si la crisis del coronavirus no nos hubiese obligado, estas opciones eran inimaginables.

En condiciones normales, los intervinientes tenían que abandonar sus hogares, desplazarse en medio del colapsado tráfico o dejar sus ciudades; además, ocupar espacios físicos estatales, servicios logísticos como conductores, personal de seguridad, secretariales y asistenciales.

Antes de esa diligencia y en medio de la cuarentena, participé en dos audiencias de sustitución de medida, una de revocatoria, en la negociación de un preacuerdo y un interrogatorio de indiciado. Todo sin que abogados, fiscales, jueces y Ministerio Público se movieran de sus casas.

Aquello que surgió como alternativa desesperada debe incorporarse como herramienta habitual, imprescindible y permanente.

Estimo que en algunos aspectos aún los avances tecnológicos no dan garantías suficientes. No es viable el canal virtual para interrogar y contrainterrogar testigos en juicio. Ahí la parte emocional, la comunicación no verbal, el control del ritmo y la credibilidad del testigo o del interrogador requieren inmediación física. Las manos de un testigo pueden decir más que sus palabras. Y si se trata de definir la libertad, todo ciudadano tiene el derecho de ver a los ojos al acusador y al juez que le pueden limitar esa garantía. El proceso no es solo un cruce de argumentos, es un encuentro de emociones, sentimientos, y entre más delicado el tema más pasión de por medio y eso también hace parte del juego.

No obstante, hay una cantidad significativa de actuaciones que podrían incorporar la virtualidad. Una audiencia de control posterior, cuando la Fiscalía llama a la defensa en la mañana, porque legalizará en la tarde y el defensor está en otra ciudad o no puede llegar a tiempo; imputaciones sin medida de aseguramiento, conciliaciones, acusaciones, preparatorias, lectura de decisiones, entre otras.

Hay pasos previos que deben ejecutarse, como el expediente virtual y una plataforma que garantice la seguridad de la información en la nube y acceso inmediato. También, equipos técnicos adecuados y conexión de internet de alta calidad para todos los agentes estatales -jueces, fiscales, Ministerio Público, víctimas-, puntos de conexión en cárceles o sitios de paso, y lo más importante, canales de visualización masiva para que la publicidad, como eje transversal del sistema, no se sacrifique. Todos estos puntos deben situarse en el primer orden administrativo de prioridades.

El compromiso también es de los litigantes. Entre nuestros protocolos éticos y administrativos habrá que incorporar la prestación de un servicio virtual adecuado y eficiente. El defensor moderno debe estar preparado para activarse a distancia en forma rápida y efectiva. Que baste un celular para que en segundos pueda atender el llamado de la justicia o convocarla.

Miles de herramientas tecnológicas están al alcance de la justicia y esta crisis nos enseñó que no estábamos preparados, pero también que no hay obstáculos imposibles cuando hay ganas.

La diosa Temis no solo debe tener balanza, espada y ojos vendados, ahora debe estar conectada.