Informalidad laboral: el virus por combatir luego de la pandemia

Juan Carlos Cortés González

Director para Iberoamérica del Centro de Estudios de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social

El covid-19 sacó a la luz las fortalezas y las debilidades de las sociedades, sometiéndolas a prueba frente a la sobrevivencia y a la sostenibilidad de la democracia. Por su parte, la reactivación de las economías, azotadas por la pandemia, plantea retos muy profundos.

No obstante, cuando se aprecia la polarización ideológica y política, en particular la encarnizada lucha electoral en EE UU –al punto impensable de ideologizar el uso del tapabocas–, el pesimismo reina. En Colombia, lo caldeado del debate institucional y de las fuerzas políticas deja ver que la atención se enfoca hacia temas de coyuntura, descuidando la deliberación sobre lo fundamental. Si las sociedades no asumen la tarea de reconstruir el tejido social y económico, los riesgos de destruir la democracia y dar paso a esquemas populistas y autoritarios se pueden realizar en corto plazo.

Un acuerdo de unidad nacional se impone para reconfigurar la red de protección social en el país, que integre y articule políticas de intervención social con la plataforma de seguridad social, a partir de una política macroeconómica sustentable e inclusiva y de una estrategia de diálogo ciudadano permanente.

Para Latinoamericana, la pandemia que amenaza la convivencia y el desarrollo social es la informalidad.

Su origen se asocia a modelos económicos maximalistas de los rendimientos financieros y el lucro, extremistas en su comprensión del individualismo y la libertad económica, con menosprecio por el valor público y la construcción colectiva.

No se requiere ser populista, ni castrochavista, para reconocer lo obvio. La pobreza y la desigualdad son las principales frustraciones de los regímenes políticos de izquierda y de derecha en el mundo, particularmente en América Latina.

En países como Colombia, cerca de 60 de cada 100 trabajadores son informales, sin posibilidad de pensionarse; de reclamar una indemnización, si se accidentan, o sin derecho a una licencia de maternidad o paternidad. En el mundo rural –ignorado con desafiante arrogancia–, esas cifras de exclusión por falta de trabajo decente llegan al 90 %

Esta realidad hizo más difícil atender la crisis sanitaria, pues la mayoría de la población trabajadora carecía de formas de protección y no estaba conectada a esquemas públicos de cuidado, dificultándose el reconocimiento de prestaciones.

Protección social para todos es la meta, fortaleciendo las instituciones y lo público. Una reforma pensional sí, para potenciar el régimen de prima media; una reforma en salud sí, para fortalecer la salud pública y la red prestacional; una reforma en protección laboral sí, para asegurar la distribución de los riesgos y fortalecer la prevención; una reforma en subsidio familiar sí, para equilibrar y mejorar las prestaciones. Reforma sí, para estructurar como servicio social complementario una renta básica universal que permita cubrir pérdidas temporales de ingreso y amparar a las familias en casos de necesidad.

Y todo ello a través de un proceso democrático, sin prisa, pero sin pausa, pues no se pueden construir reformas a la protección social exprés.

En cuanto al desarrollo reglamentario del piso de protección social en Colombia, hay que tener en cuenta que su alcance no es para los trabajadores que hoy están en el sistema de seguridad social.

Su cobertura debe enfocarse hacia los informales. Trabajadores por cuenta propia que laboran sin protección alguna; trabajadores del sector primario, o quienes desempeñan oficios en la calle o viven del comercio informal, en tiendas, cafeterías y abastos.

Está bien que se ofrezca a esos trabajadores opciones de entrada a la protección social, siempre con miras a que transiten progresivamente hacia la cobertura plena de la seguridad social. Identificar a esas poblaciones, acompañarlas a través de procesos de formación y emprendimiento, orientarlas mediante un servicio público de empleo repotenciado luego de la pandemia (la que, por demás, creó y destruyó ocupaciones más rápidamente de lo pensado) y ofrecerles alternativas de seguridad económica son obligaciones inaplazables del Estado.

El piso de protección debe asumirse como escalón que saque de la desprotección total a millones de colombianos, para permitirles hacer parte de un sistema integral, con compromisos prestacionales progresivos y de tiempo de permanencia, así como mediante esquemas de equivalencias que hagan posible la portabilidad de derechos.

El camino de la formalidad es el de la legalidad y el de la justicia; incluyente, sostenible y sustentable política y económicamente; éticamente necesario y generador de inclusión y de riqueza y, por ende, base insustituible para la vigencia futura de la democracia.