26 de Noviembre de 2024 /
Actualizado hace 6 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Online

El lavado de dinero en América Latina, crimen que asciende al 7 % del PIB

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Juan Carlos Portilla

Profesor Maestría de Derecho Internacional

Universidad de la Sabana


Tuve la oportunidad de participar como orador en la XV Conferencia anual latinoamericana contra el lavado de dinero y los delitos financieros transnacionales que organizó ACAMS a finales del mes de junio en Cancún (México). La corrupción y la evasión fiscal, el narcotráfico y la trata de personas y el uso criminal del secreto bancario de los paraísos fiscales y de sociedades fantasmas siguen siendo los motores para que en Latinoamérica se lave alrededor de 400.000 millones de dólares por año. Sin embargo, el tema que dominó la conferencia fue el impacto de las criptomonedas en las economías de la región y la lucha contra los crímenes financieros cometidos con monedas virtuales en América Latina. Analicemos brevemente el nuevo mundo de la economía de las monedas virtuales y el impacto de las criptomonedas en la lucha global contra el crimen financiero.  

 
Las monedas virtuales y el derecho financiero internacional


El edificio de monedas virtuales como bitcóin o ethereum se sostiene sobre la tecnología blockchain. Esta se desarrolló para permitir el nacimiento de un sistema de efectivo electrónico descentralizado sin la necesidad de intermediarios como las instituciones depositarias o bancos. Para el Instituto Satoshi Nakamoto, bitcóin es “una versión puramente descentralizada del efectivo electrónico que permite que los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución bancaria”. A diferencia del papel moneda emitido por los bancos centrales, las monedas virtuales descentralizadas como el bitcóin no son respaldadas por ningún gobierno, ni por ninguna banca central, ni reguladas por ninguna Constitución Política ni ley promulgada por el poder legislativo.

 

A pesar de que muchos gobiernos y organizaciones internacionales no han encontrado un marco regulatorio adecuado para entender y definir el estatus jurídico del bitcóin y otras monedas virtuales, algunos países en la región han tomado decisiones en materia de monedas virtuales. Por ejemplo, El Salvador, cuya economía está dolarizada desde el 2001, se convirtió, en el 2021, en el primer país del planeta en adoptar el bitcóin como moneda nacional junto con el dólar americano. Varios bancos centrales en la región han venido emitiendo monedas digitales (CBDC por su sigla en inglés). El banco central de Venezuela lanzó su propia moneda virtual llamada paradójicamente Petro. El banco central de Uruguay lanzó también su moneda virtual llamada e-peso. Las Bahamas, país considerado como paraíso fiscal, también tiene su moneda virtual llamada Sand Dollar.

     
Las monedas virtuales se han convertido en un nuevo problema que el derecho financiero internacional y la gobernanza global, también conocida como la arquitectura financiera internacional, deben abordar. Aunque es difícil señalar un momento exacto de cambio en la historia del sistema monetario internacional, la generación actual de abogados expertos en derecho financiero internacional está presenciando un cambio de paradigma en la industria financiera global.

 

Existen dos mundos monetarios paralelos en el que, aunque están coexistiendo, uno de ellos puede sustituir al otro en un futuro próximo, o a ambos, incluso, se pueden fusionar. El primer mundo es el viejo sistema bancario, bajo el cual los bancos centrales y las instituciones depositarias se aventuraron conjuntamente hace tiempo para suministrar a las economías el dinero para prosperar. El segundo es el sistema de tecnología financiera (fintech), que incluye las monedas virtuales. Si bien el viejo sistema bancario está fuertemente regulado, la economía de las monedas virtuales no está regulada y está cambiando la arquitectura financiera global. Por un lado, el antiguo sistema bancario había sido la única fuente legítima de financiación para las economías. Por este oligopolio y exclusividad, surgió la exclusión financiera. Dos mil millones de personas siguen estando sub-bancarizadas en el mundo. Por otro lado, y para el Banco Mundial, la economía de las monedas virtuales está llevando a la inclusión financiera donde los servicios financieros pueden ser accesibles para las personas no bancarizadas, independientemente de su nacionalidad, etnia, raza, género y su estatus socioeconómico.


Además, la confianza del público en la moneda virtual, como bitcóin, es más alta que hace una década, cuando el bitcóin se asociaba principalmente con los delitos financieros. Bitcóin subió de 0,08 dólares (2010) a más de 68.000 dólares, en el 2021. Los factores para esta tendencia incluyen niveles bajos de confianza en el antiguo sistema bancario, sobre el cual se construyeron los bancos centrales y las instituciones de depósito. La falta de confianza en el viejo modelo se ha exacerbado desde la crisis financiera mundial del 2008. Bitcóin surgió en el 2009 como un desafío al sistema bancario en crisis y que ha estado capturado por la regulación y los bancos. Así, nació como una moneda alternativa que escapó de las garras regulatorias de los bancos centrales y del apetito y poder de la intermediación de los bancos privados. Podemos decir que bitcóin hizo jaque mate al antiguo sistema bancario. Esto ha sido posible en vista de la constitución tecnológica de bitcóin y su independencia de los bancos intermediarios entre la banca central y los consumidores del sistema bancario tradicional. Lo anterior hace que sea difícil, sino imposible, que las monedas virtuales sean controladas por el Estado y los bancos. La operación desintermediada de bitcóin ha hecho que sus consumidores la vean como una nueva moneda que inspira más confianza que el papel moneda administrado por los bancos centrales a través del sistema bancario tradicional. 


La ausencia de regulación de las criptomonedas en América Latina y el crimen financiero:


Sin embargo, no todo es color de rosas con bitcóin. Cada moneda de papel o virtual tiene dos caras. Las monedas virtuales tienen riesgos. Los oponentes del bitcóin amplifican la naturaleza riesgosa de las monedas virtuales. Al igual que cualquier otro mercado, el riesgo del mercado de las monedas virtuales incluye el pánico del consumidor, la falla y manipulación de este mercado y los delitos financieros. Aunque la industria de la moneda virtual debería seguir aplicando un enfoque de economía de libre mercado, debería haber algún tipo de intervención de gobernanza global en caso de que la economía de las monedas virtuales falle. Esto es cierto, porque las economías de libre mercado no son inmunes al fracaso. Las regulaciones deben proteger a los consumidores de bitcóin de fallas del mercado, información asimétrica y externalidades negativas. Sin embargo, la mayoría de los países en América Latina no han tomado ninguna medida regulatoria sobre las monedas virtuales para mitigar los riesgos asociados a las economías de la moneda virtual. Estas brechas en los sistemas regulatorios han provocado lagunas para que el crimen organizado transnacional abuse de ellas.


Debido a que no existe una gobernanza regulatoria global armonizada sobre las monedas virtuales entre los estados de la comunidad internacional, las empresas criminales pueden participar en el arbitraje regulatorio en todas las naciones para la actividad de delitos financieros. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) ha dicho que las organizaciones criminales se han involucrado en el arbitraje regulatorio para evitar la supervisión. Actores criminales pueden usar bitcóin para perseguir la ingeniería social, la desinformación y el caos en la economía de las monedas virtuales. Los manipuladores del mercado pueden cazar fácilmente a inversionistas ingenuos para perpetrar delitos financieros.

 

Ha habido un uso ilícito de bitcóin. Por ejemplo, en mayo del 2017, se produjo el ataque de ransomware Wanna Cry. Para el Centro Nacional de Integración de Ciberseguridad y Comunicación, Wanna Cry era un ransomware que contenía un componente de gusano electrónico que aprovechó las vulnerabilidades en el servidor Windows SMBv1. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sostuvo que los ciberdelincuentes mantuvieron a miles de sistemas informáticos como rehenes hasta que las víctimas pagaron a los piratas informáticos un rescate en bitcóin. Los pagos de rescate fueron a una billetera bitcóin. Los ciberdelincuentes convirtieron los pagos de rescate de una criptomoneda en otra para eliminar todos los enlaces al cibercrimen. Los ciberdelincuentes luego intentaron enviar los bitcóin limpios a un proveedor de servicios o banco que podría haber convertido las criptomonedas en papel moneda. El ciberataque costó 8.000 millones de dólares en daños a las víctimas.


Que no quede duda: la economía de las monedas virtuales es un tema relevante para el derecho financiero internacional. El derecho financiero internacional debe buscar la mitigación del arbitraje global regulatorio, la manipulación de este mercado y el crimen financiero dentro de la economía de las monedas virtuales con el objetivo de mantener la integridad de este naciente mercado a nivel global. Sin embargo, el trabajo para establecer estándares internacionales para mitigar estos riesgos aún no se ha concebido. Por ejemplo, para la Unión Europea, no existen normas para los servicios relacionados con las monedas virtuales, incluido el funcionamiento de plataformas de negociación de las monedas virtuales y el servicio de intercambio de una moneda virtual con el papel moneda u otros cripto activos, o la custodia de las monedas virtuales.

 

Aunque el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ha promulgado una guía para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales para la región, se hace necesario que la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Departamento Contra la Delincuencia Organizada, lidere una cruzada regional para proveer asistencia técnica y legislativa a sus estados miembros para enfrentar y responder a la criminalidad creciente en la región asociada al uso indebido de las monedas virtuales con propósitos criminales. 


Además, las monedas virtuales pueden ser medios de pago o un activo de inversión (como las acciones ordinarias o preferenciales) o, incluso, un commodity. La falta de una definición común para clasificar las monedas virtuales hace que la regulación para este mercado sea un tema urgente a incorporar en las agendas de los gobiernos de la región y, por supuesto, en Colombia. Miraremos si el entrante gobierno tiene la capacidad técnica para diseñar una política pública en Colombia que fomente la legalidad y combata la criminalidad financiera en la economía de las monedas virtuales e incentive la inclusión financiera en Colombia con las monedas virtuales y de la mano de la industria fintech.


Conclusión:

Además de que la corrupción y evasión fiscal, el narcotráfico y la trata de personas y el uso criminal del secreto bancario de los paraísos fiscales y de sociedades fantasmas siguen siendo los motores para el lavado de dinero en Latinoamérica, los crímenes financieros cometidos con monedas virtuales también van creciendo y formando raíz en la región. A pesar de que las monedas virtuales y la industria fintech pueden ser motores para acelerar la inclusión financiera en Latinoamérica, la OEA y sus estados miembros deben trabajar rápidamente de manera cooperada para diseñar una política pública para que los países de la región y sus autoridades judiciales y administrativas cuenten con el adecuado marco normativo para mitigar la actividad criminal asociada con las monedas virtuales. Como dice el refrán español, cada moneda tiene dos caras... cada argumento tiene dos lados, como dos caras de una moneda, ya sea el peso colombiano o el bitcóin.   

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