El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1407, que expide el nuevo Código Penal Militar, aplicable a los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y derivados directamente de sus funciones militares o policiales. La norma, de 628 artículos, instaura los juicios orales y públicos en esa jurisdicción y crea la Fiscalía General Penal Militar, con la tarea de investigar y acusar a los presuntos responsables de cometer delitos de conocimiento de la misma, entre otras atribuciones. Una vez adquirida la condición de imputado, la persona tendrá derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar, en audiencia, a los testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate, señala la ley. La iniciativa que originó esta nueva normativa data del año 2006 y fue objetada por el Gobierno en el 2007, por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia.