La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida de pronunciarse de fondo en la demanda contra la norma del Código Penal que tipifica el delito de comercialización de autopartes hurtadas y penaliza la transferencia de documentos, licencia y números de identificación de vehículos declarados en pérdida total (Ley 599 del 2000, art. 447A, parág.). Según el Ministerio Público, la disposición protege tanto a los propietarios como a los compradores de vehículos. Además, la demanda no satisface los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia señalados en la jurisprudencia.