Independientemente de las sanciones que un impuesto mal liquidado pueda acarrear, se presenta una responsabilidad compartida entre el contador que preparó la información y el revisor fiscal que la examinó. En caso de materializarse algún riesgo para la compañía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 43 de 1990, se puede presentar queja formal debidamente documentada ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, organismo encargado de ejercer inspección y vigilancia para garantizar que el ejercicio profesional contable se realice según lo previsto en la normativa vigente, sancionando en los términos de ley a quienes violen las disposiciones pertinentes.