Autoridades y asociaciones de la profesión contable se encuentran preocupadas por dos iniciativas que se radicaron ante la Cámara de Representantes, se trata de los proyectos de ley 189/24C y 597/25C.

El proyecto de ley 189/24C pretende modificar la Ley 43/90 en lo relacionado con la tarjeta profesional de contador público. Según lo planteado, para ser inscrito como contador es necesario ser nacional colombiano o extranjero domiciliado en Colombia con no menos de tres años de anterioridad a la respectiva solicitud y con varios requisitos, que puede conocer en el archivo adjunto a esta nota.

Lo que preocupa a las organizaciones de contadores es que se permitiría acreditar experiencia en áreas ajenas a las ciencias contables, con el argumento de promover una mayor equidad y competitividad.

“Cualquier flexibilización, sin un análisis prospectivo de carácter técnico e institucional, pondría en riesgo la calidad de la información contable y financiera, la información tributaria y la confianza de los actores económicos y de la ciudadanía en el ejercicio profesional y en las instituciones”, concluyen sobre la propuesta, que ya tiene ponencia favorable para primer debate en la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

Ahora bien, la segunda iniciativa es una regulación general de la profesión contable y su nuevo código de ética. Las organizaciones describen dificultades estructurales en el proyecto y resaltan que la reorganización de los organismos de la profesión que se propone debería tener una hoja de ruta que permita realizar un análisis profundo de su viabilidad.

Es tal el impacto de las propuestas que se hizo pública una carta abierta firmada por la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el Contador General de la Nación, la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, el Comité Nacional de Gremios de los Contadores Públicos de Colombia y el Instituto Nacional de Contadores Públicos, entre otros.

Finalmente, los contadores agremiados piden al Congreso reconsiderar el curso legislativo de estos proyectos por “carecer de una base técnica, social e institucional sólida”.

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