El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de resolución que regularía el procedimiento para la consolidación y envío mensual del "Reporte de información beneficiarios artículos 6 y 7 Ley Segundas Oportunidades", en cumplimiento de la Ley 2208 del 2022.

Esta normativa busca incentivar la contratación de personas pospenadas o aquellas que cumplen penas bajo permisos especiales, mediante beneficios tributarios y económicos para las empresas que formalicen su vinculación laboral. La iniciativa responde a las políticas del plan nacional de desarrollo 2022-2026, orientadas a promover la justicia social, la equidad y la resocialización de poblaciones vulnerables.

El documento propone que las empresas con más de 100 empleados podrán postularse para acceder a los incentivos, siempre que contraten personas de la población beneficiaria bajo contratos a término fijo o indefinido. El procedimiento implicaría la presentación de una solicitud y la posterior verificación por parte de autoridades penitenciarias, garantizando así la correcta identificación de los trabajadores que cumplen los requisitos. (Lea: Gobierno promueve reconversión laboral para mejorar empleabilidad y desarrollo económico)

Además, se incluiría a beneficios adicionales para las empresas que promuevan la contratación con enfoque de género, exigiendo que al menos el 60 % de los nuevos trabajadores sean mujeres o personas transgénero. La pérdida de los incentivos puede producirse si se desvincula anticipadamente al personal contratado o si se detecta información falsa en las solicitudes. En estos casos se deberá restituir el valor de los beneficios obtenidos, con los intereses respectivos, y se podrán iniciar acciones legales.

Además, el proyecto asignaría a la Superintendencia del Subsidio Familiar la labor de inspección, vigilancia y control sobre la correcta aplicación de los beneficios, mientras que las entidades encargadas del tratamiento de datos deberán respetar estrictamente la normativa sobre protección de datos personales. El proyecto subraya la necesidad de generar condiciones de inclusión y dignificación laboral para la población pospenada como parte de una política de seguridad humana y justicia social.

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