Tres demandas de inconstitucionalidad fueron admitidas por la Corte Constitucional en contra de la controvertida reforma tributaria estructural (Ley 1819 del 2016). Dos de ellas atacan la totalidad de la ley, por haber sido aprobada por fuera de la sede del Congreso, pues, al parecer, el texto final sometido a las plenarias de las dos cámaras fue acordado en el despacho del Ministro de Hacienda, el día martes 27 de diciembre del año pasado. Además, una de esas solicitudes añade que la Ley 1819 viola el principio tributario de progresividad en el impuesto de renta y complementarios de las personas jurídicas; vulnera el derecho a la libre asociación, a la propiedad privada y a la facultad de los particulares de fundar instituciones educativas; contradice el principio constitucional de igualdad y atenta contra el carácter progresivo de los tributos, entre otros cargos. La tercera demanda, por su parte, acusa de inconstitucionales a los artículos 6° (parcial), 7° (parcial), 22 (parcial), 34 (parcial), 37 (parcial), 46 (parcial), 55 (parcial), 62 (total), 100 (parcial), 101 (parágrafos 2° y 4°), 109 (parcial), 136 (parcial), 139 (parcial), 147 (parcial), 159 (parcial), 237 (parcial), 300 (parcial), 338 (total), 364 (parcial) y 366 (total). Según el demandante, estas disposiciones contradicen principios superiores, como el de la no discriminación, la igualdad, la legalidad, equidad tributaria, confianza legítima y, también, la presunción de la buena fe.