Bajo el Decreto 2685 de 1999, las sociedades de intermediación aduanera (SIA) no solo están encargadas de establecer la identidad de su cliente, la descripción de la mercancía, la clasificación arancelaria y la liquidación y pago de tributos, ya que también deben efectuar una labor de control complementario de la autoridad aduanera. De acuerdo con la Sección Primera del Consejo de Estado, las SIA deben garantizar que las operaciones de comercio exterior se realicen de forma lícita. Por esto, la normativa hace a dichas sociedades responsables administrativamente por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Así mismo, las SIA tienen que responder por las multas derivadas de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados, añade la sentencia (C. P. María Elizabeth García).