La Sección Primera del Consejo de Estado informó que la reglamentación del funcionamiento de las zonas francas en el 2007 se ajustó a los requisitos que impuso el Congreso dos años atrás, a través de un régimen especial de estímulo a la inversión que se estableció en ese entonces. En tal sentido, concluyó que el inciso 2º del artículo 393-21 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007 y los artículos 16 y 32 del Decreto 4051 del 2007, no desconocen la Constitución Política, principalmente los artículos 13, 25, 189 (numerales 11 y 19) y 333, ni los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1004 del 2005. El alto tribunal administrativo concluyó que ofrecer un trato semejante a comerciantes e industriales constituye una violación al derecho a la igualdad, pues la ley, con base en las necesidades de cada uno de estos sectores, establece que se deben aplicar condiciones diferentes a unos y otros. Además, tampoco consideró que se desconozcan el derecho al trabajo o la libertad económica, entre otras cosas, pues el Estado debe garantizar la libertad económica y la iniciativa privada en las zonas francas, pero también evitar las fallas del mercado (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés).