El organismo de control pide que la norma sea retirada del ordenamiento por considerar que las atribuciones excepcionales entregadas al Presidente de la República (parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 del 2011) para tramitar el Decreto-Ley Antitrámites no le autorizaban a crear un nuevo procedimiento administrativo y menos encomendar a un organismo privado como el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) la posibilidad de avalar o impedir las labores de certificación a cargo de las entidades (artículos 160, 161, 162 y 163 parciales del Decreto-Ley 019 del 2012, Cpto. 5853, D-10461). A su vez, pidió dar el visto bueno constitucional a la norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011) que exige acudir a la autoridad electoral antes de presentar la demanda ante el contencioso, cuando se trate de documentos destruidos o votos producidos con infracciones al sistema, como requisito de procedibilidad de la acción (numeral 6º del artículo 161 del CPACA, Cpto. 5854, D-10465). También pidió declarar exequible un tratado firmado por Colombia y Venezuela para el tratamiento arancelario preferencial que recibirían productos de estos países, tendiente a incentivar el intercambio comercial y la producción agrícola en ambas naciones (Ley 1722 del 2014, Cpto. 5850, LAT-435).