La indebida presión ejercida sobre el contador público o el revisor fiscal para no presentar o presentar erróneamente las declaraciones tributarias a las cuales la entidad está legalmente obligada configura una amenaza de intimidación, frente a la cual ellos deben considerar su renuncia, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En caso de haber firmado declaraciones con información financiera fraudulenta o con operaciones que no corresponden con la realidad de la entidad deberán denunciar dichas irregularidades ante la administración tributaria.