El proyecto de ley, compuesto por 39 artículos, está a un paso de convertirse en ley de la República y pretende establecer el monopolio rentístico de licores para la financiación de los servicios de educación y salud de los departamentos. Así las cosas, serán las asambleas departamentales las competentes de autorizar la explotación directa o indirecta de la producción e introducción de licores destilados a la entidad territorial. La iniciativa, además, regula lo pertinente a la celebración de contratos para el ejercicio del monopolio, los cuales se adjudicarán mediante licitación pública a iniciativa del Gobernador. Así, la Entidad Territorial deberá realizar un proceso de subasta dentro del cual el valor mínimo de oferta será el que, previamente, la asamblea departamental haya fijado como derecho de explotación. Los contratos tendrán una duración de entre 5 y 10 años y podrán prorrogarse por la mitad del tiempo inicial,  caso en el cual el contratista deberá pagar el valor correspondiente a los derechos de explotación vigentes que la asamblea defina. Las Prórrogas no podrán ser ni automáticas ni gratuitas. Por su parte, se establecerían medidas indemnizatorias para las personas (naturales o jurídicas) que en virtud de la aplicación de la futura ley queden privadas del ejercicio de su actividad económica. Ahora bien, el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares se liquidaría con un componente específico por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos, que será de $ 200. El componente ad valorem del impuesto se liquidará aplicando una tarifa del 25 % sobre el precio de venta al público.