El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores invitó a la comunidad contable a conocer lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1778 del 2016 (Ley contra el soborno transnacional), el cual adicionó el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 43 de 1990 frente a la responsabilidad de los revisores fiscales. Así, reiteró que los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas los actos de corrupción, así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social o contra el patrimonio económico que detecte en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis meses siguientes al momento en que el revisor fiscal haya tenido conocimiento de los hechos.