Contraloría alerta sobre ajustes fiscales tras caída de reforma tributaria

La Contraloría General de la República puso en evidencia la necesidad de una ejecución eficiente del presupuesto público para fortalecer la economía y generar beneficios reales para la ciudadanía. Ante la falta de aprobación de la reforma tributaria, el organismo instó al Gobierno nacional a maximizar el uso de los recursos asignados y hacer frente a los retos fiscales del país. Para la entidad, la ejecución del presupuesto 2024 ha sido marcada por una serie de dificultades, incluyendo la expedición de un decreto de liquidación que no cumplió con los requisitos legales, lo cual afectó la planificación y distribución de los recursos.

A lo largo del año, las dificultades para obtener los fondos necesarios para cubrir los compromisos del presupuesto llevaron a la congelación de $ 36 billones en recursos. La situación se ha visto reflejada en el comportamiento de los ingresos, ya que, según datos preliminares del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el recaudo neto hasta noviembre del 2024 fue inferior en un 0,3 % respecto al mismo periodo del 2023. En particular, los ingresos tributarios han tenido una caída significativa, especialmente en el impuesto de renta, que experimentó una reducción del 18 %, y los impuestos externos, que disminuyeron en $ 2,29 billones.(Lea: Comisiones económicas hundieron la reforma tributaria).

La Contraloría también expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto en lo que respecta a las inversiones. A noviembre del 2024, solo se había ejecutado el 71,1 % del presupuesto, la cifra más baja en los últimos cinco años. Aunque se han cumplido compromisos cruciales como el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento, el gasto en inversión sigue rezagado, con solo $ 44,83 billones ejecutados de los $ 100,06 billones asignados. Esta baja ejecución podría resultar en la no utilización de muchos recursos al final del año, lo que afectaría directamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y bienestar para la población.

El retraso en la ejecución de los recursos no solo ha llevado a la generación de reservas presupuestales de hasta $ 33,61 billones, sino que también ha incrementado el uso de mecanismos como las fiducias y los patrimonios autónomos, que se han convertido en una herramienta para mostrar ejecución. Sin embargo, la Contraloría subraya que su uso debe ser transparente y alineado con los objetivos públicos, garantizando que los recursos no se destinen de manera improductiva. En este sentido, hasta noviembre de 2024, se registraron órdenes de pago por $ 24 billones dirigidas a estos mecanismos.

Por otro lado, la proyección para los ingresos tributarios en el cierre del 2024 no muestra signos de mejora significativa. Esto podría generar aún más presiones sobre la liquidez del Estado, lo que obligaría al Gobierno a recurrir a recursos de crédito o a implementar recortes adicionales en el presupuesto de gastos. Ante esta situación, la Contraloría recomendó que las entidades encargadas de la ejecución del presupuesto aceleren los procesos, especialmente en lo que respecta a la inversión, para evitar más retrasos que impidan el desarrollo de programas prioritarios para la sociedad.

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Paute en Ámbito Jurídico. 

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