En una de sus peticiones sugiere a la Corte inhibirse de juzgar la norma que permite que se destinen al saneamiento del río Bogotá los dineros recaudados por intereses de mora y sanciones relacionadas con el pago del impuesto predial y otros gravámenes (artículo 102 parcial de la Ley 1687 del 2014, Cpto. 5866, D-10484). No obstante, considera que el texto es constitucional, pues pese a que el artículo 346 de la Constitución exige concordancia entre el plan de desarrollo y las leyes de presupuesto, como la examinada, el 341 permite que se aumenten o disminuyan partidas y recursos aprobados en ella. La disposición, contenida en el presupuesto de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para la vigencia del 2014, establece que el uso del 50 % de la sobretasa ambiental al impuesto predial y el de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble en la capital, más los intereses de mora y sanciones respectivos, sean destinados a la recuperación del río Bogotá. Por otra parte, la Procuraduría pidió declarar constitucional la manera como el legislador definió el hecho generador de impuesto de renta para la equidad (CREE); el texto cuestionado lo define como el ingreso susceptible de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el periodo gravable respectivo y establece la fórmula para la liquidación de la base gravable (artículos 21 y 22 parciales de la Ley 1607 del 2012, Cpto. 5865, D-10473).