Las actuaciones del revisor fiscal deben estar alineadas con las funciones previstas legalmente, con el fin de evitar que se materialice una coadministración de la entidad por parte del profesional, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Dicha coadministración va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética profesional, compilado en el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015 (DUR de Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información), modificado por los decretos 2496 del 2015, 2131 y 2132 del 2016. De acuerdo con lo previsto en el artículo 207 del Código de Comercio, son funciones del revisor fiscal, entre otras, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, decisiones de asamblea y de junta directiva y rendir los informes que le sean solicitados.