En atención a la compulsa de copias ordenada por una fiscalía contra un profesional del Derecho, y ante la decisión de primera instancia que dispuso sancionar con censura a un abogado luego de hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, el Consejo Superior de la Judicatura determinó confirmar estar providencia. La compulsa de copias se originó luego de que el profesional conociera una resolución de acusación e interpusiera recurso de apelación sustituyendo su falta de fundamentos jurídicos por ataques personales e irrespetuosos contra el funcionario de primera instancia en el proceso penal. Como faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas se considera “injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”. Según la Sala Disciplinaria, no puede considerarse que lo afirmado por el disciplinado en el escrito de apelación contenía la verdad procesal, por el contrario, evidenció unas afirmaciones indecorosas, groseras, con el ánimo de descalificar la actuación del funcionario judicial, al punto de usar calificativos denigrantes como que el fiscal “mienta y use trucos” para sostener sus posturas, denigrando la actividad judicial y ofendiendo a la administración de justicia, señalando que sus operadores judiciales no actúan bajo el amparo de la ley (M. P. Julia Emma Garzón).