El Consejo Superior de la Judicatura resolvió un conflicto negativo de jurisdicciones presentado entre un juzgado civil y otro administrativo con ocasión de una demanda verbal de servidumbre en la que se pretendía declarar los perjuicios patrimoniales causados por dos torres y dos líneas de conducción de energía eléctrica de propiedad de una empresa de servicios públicos. De esta manera, la Sala estableció que el control y sujeción de estas empresas respecto de la legalidad de sus actos y los perjuicios causados por haber promovido la constitución de una servidumbre le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, remitió el expediente al juez de lo contencioso (M. P. Magda Acosta).