La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a una juez con destitución e inhabilidad por 10 años en el ejercicio de funciones públicas tras hallarla responsable de haber transgredido el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 del 2002. El alto tribunal encontró responsable a la funcionaria por no dar cumplimiento al trámite establecido en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil en las diligencias y adjudicaciones de remates. En el caso concreto, la togada realizó dos audiencias simultáneas en su despacho, en donde procedió a dar apertura a sobres contentivos de ofertas sin encontrarse frente a los postores. La corporación determinó que la funcionaria tenía la obligación de estar actualizada en conocimientos para cumplir este tipo de diligencias, “lo cual configuró una conducta omisiva de carácter dolosa que se ajusta a cabalidad con la descripción objetiva del delito de prevaricato por omisión” (M.P. José Ovidio Claros).