El proyecto de ley busca incorporar en el sistema judicial un tribunal que tenga competencia en todo el territorio nacional y que pertenezca a la jurisdicción ordinaria penal para servir como máxima autoridad en control de garantías y legalidad está pendiente de primer debate. la instancia ejercerá como juez de garantías en los procesos contra aforados constitucionales, dentro de los que se encuentran el Presidente de la República, congresistas, magistrados de altas cortes, Fiscal General de la Nación, entre otros, con las excepciones previstas en la Constitución para tales eventos. Correspondería al tribunal escoger de forma discrecional aquellos casos en los cuales ejercerá la función de juez de control de garantías, así como las providencias objeto de revisión. El tribunal estaría integrado por tres magistrados expertos en derecho penal, derecho constitucional y en derecho internacional. Serán elegidos por un periodo de ocho años, sin que sea posible su reelección y se les aplicaría el régimen de inhabilidades contenido dentro del artículo 126 de la Constitución Política. Los magistrados serán elegidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, dependiendo de la especialidad de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial. El proyecto ya cuenta con ponencia favorable para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.