Senado analiza proyecto para coordinar la justicia indígena con el sistema judicial ordinario
El proyecto reconoce la diversidad jurídica del país y propone lineamientos para armonizar los fallos de la justicia indígena con el ordenamiento legal nacional.
10 de Marzo de 2025
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La Comisión Primera del Senado estudiará un proyecto de ley (287/24S) que busca reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política. Esta iniciativa pretende establecer mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, con el fin de fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas en la administración de justicia. La propuesta fue presentada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruíz, junto a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y varios legisladores.
La iniciativa busca evitar conflictos de competencia y garantizar que las decisiones emitidas en el marco de la jurisdicción especial sean respetadas y coordinadas con las autoridades judiciales ordinarias. Además, plantea la creación de espacios de diálogo y cooperación interinstitucional para definir reglas claras de articulación. (Lea: Autoridades deben actuar de forma proactiva, pronta y coordinada para evitar feminicidios)
Y es que, según los autores, en diversas ocasiones se han presentado desacuerdos con la jurisdicción ordinaria, especialmente en casos de delitos graves o en la aplicación de penas distintas a las establecidas en el Código Penal colombiano.
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Según el articulado, se definen criterios específicos sobre las competencias de la justicia indígena y los límites en casos que involucren derechos fundamentales. También contempla mecanismos de resolución de conflictos cuando haya diferencias entre ambas jurisdicciones. Este enfoque pretende garantizar la seguridad jurídica y el respeto por la identidad cultural de los pueblos indígenas, sin afectar el debido proceso ni la protección de derechos humanos. |
De aprobarse la propuesta, se regulará el fuero indígena, la mediación lingüística, la formación en escuelas de derecho propio o equivalentes y cómo resolver conflictos de competencia intrajurisdiccional, además de la financiación para el sistema de justicia de los pueblos indígenas.
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