La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término  de 10 años a un juez penal que violó el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 48 de la Ley 734 del 2002, en consonancia con la imputación fáctica relacionada con el delito de constreñimiento ilegal, consagrado en  artículo 182 del Código Penal. En este sentido, se encontró probado el abuso de poder y la puesta en escena de interrelaciones oficiales totalmente inadecuadas de un togado que amenazó a una funcionaria de su despacho de despedirla si no le ayudaba con el trámite de un crédito económico de $ 10 millones. Para el alto tribunal, la conducta del disciplinado fue desconocedora del trámite previsto en la ley, “por lo que su conducta trascendió a la lesividad del deber funcional y por eso es objeto de reproche disciplinario por parte de esta jurisdicción”.