La institución procesal de los impedimentos tiene como objetivo primordial garantizar una absoluta rectitud y ecuanimidad por parte del funcionario judicial en su misión de administrar justicia. Para ello, recuerda un auto de la Corte Suprema de Justicia, debe basarse en situaciones fácticas objetivas que reflejen compromiso capaz de perturbar su ecuanimidad en la resolución del asunto. El legislador, procurando la concreción de tales propósitos, indicó taxativamente los eventos en los cuales resulta viable inhibirse del conocimiento. Uno de estos supuestos lo contempla el numeral 11 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal así: “Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial”. En ese sentido, precisa el pronunciamiento, es indispensable que la denuncia o queja haya sido instaurada por alguno de los intervinientes en el proceso dentro del cual se produce la declaración de impedimento  (M. P. Luis Antonio Hernández).