La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que los documentos públicos deben ser introducidos al juicio oral a través de un testigo de acreditación, aunque no se trate necesariamente del investigador que los obtuvo, sino de cualquiera que haya intervenido en esta labor. De esa forma, el servidor de policía judicial que consiguió tales documentos está habilitado para hacer la incorporación en dicha audiencia, indicó. Por otra parte, el fallo advirtió que la postura defensiva de acudir al formalismo y al tecnicismo excesivo ha estructurado, en la práctica, un proceso penal mucho más exigente en cuanto a la “tramitomanía” que el consagrado en la Ley 600 del 2000 (M. P. José Luis Barceló).