El proyecto de reforma al Código Penal está en la Cámara de Representantes con ponencia favorable para primer debate. El propósito principal es aumentar las penas y las multas por la comisión de delitos electorales. La perturbación de los certámenes democráticos actualmente se sanciona con prisión entre 2 y 8 años, dependiendo de los agravantes de la conducta, la reforma propone aumentar la pena a entre 4  y 12 años e imponer una multa de 50 a 200 salarios mínimos. En cuanto al delito de constreñimiento al sufragante, el artículo 387 del estatuto penal establece una pena privativa de 3 a 6 años, la reforma pretende una aumento de entre 4 y 8 años de cárcel y la imposición de multas en idéntica cuantía a la anteriormente señalada. La manipulación al sufragante para que cambie su intención de voto y la indebida inscripción de cédulas también serían sometidas a aumento de penas e imposición de multas. Por su parte, la inscripción o posesión ilícita de candidatos se establecería como un tipo penal autónomo, con prisión de 4  a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos.