La exdirectora del DAS fue hallada culpable de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. A la exfuncionaria, que estuvo asilada en Panamá, se le encontró responsable por las interceptaciones telefónicas y de otros mecanismos de comunicación privados, además de los seguimientos sin orden judicial que se adelantaron en contra de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos.