No actualizar bases de datos sobre vinculación a procesos penales vulnera ‘habeas data’

La Corte Suprema de Justicia amparó los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y habeas data de un hombre al que se le dictó una condena de 48 meses de prisión en el año 1991 y, sin embargo, en las bases de datos estatales en materia de antecedentes penales no aparece información sobre cumplimiento y/o extinción de la pena.

En ese sentido, se ordenó a la División de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ubicar el proceso que el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá de la época siguió en contra del accionante y remitir información sobre cumplimiento y/o extinción de la pena impuesta a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, la cual, a su vez, deberá actualizarla tanto en sus bases de datos como en la consulta pública disponible en su página web.

El alto tribunal recordó que, conforme al artículo 15 de la Constitución Política, el derecho de habeas data se traduce en la facultad que tiene una persona para conocer, actualizar y rectificar información recogida en bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, por lo que es imprescindible que en el proceso de recolección, tratamiento y circulación de datos se respeten la libertad y demás garantías constitucionales. Esta prerrogativa ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental autónomo, que se erige en garantía para otros derechos igualmente importantes, como son la intimidad y el buen nombre.

Acción de tutela

Ahora bien, según jurisprudencia constitucional, la tutela es el único mecanismo judicial adecuado para solucionar controversias asociadas a la eventual vulneración al derecho de habeas data, cuando este se asocia al manejo de antecedentes penales en bases de datos estatales. Es estos eventos, el amparo se convierte en el principal mecanismo para proteger derechos fundamentales, aun cuando existan otros medios judiciales con idéntico propósito y eficacia similar.

El caso bajo análisis, además de garantizar el habeas data, se impuso a las autoridades competentes realizar las gestiones necesarias para actualizar la información registrada en las bases de datos, sobre todo en las de la Policía Nacional, autoridad competente para llevar el registro de quienes tienen o no asuntos pendientes con la justicia penal, que refleja datos tan sensibles como la vinculación a un proceso penal (M. P. Gerardo Barbosa Castillo).

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